La dirigencia del PAN en Puebla recurrió a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para impugnar la multa por 7.4 millones de pesos que les impuso el INE por diversas irregularidades en sus reportes de gastos de campaña.
El Comité Directivo Estatal (CDE) promovió un recurso de reconsideración ante la última instancia en materia electoral, con la finalidad de controvertir la sentencia que fue emitida por la Sala Regional de la Ciudad de México del TEPJF el pasado 24 de septiembre.
A través del juicio, buscan que se analicen nuevamente los informes de ingresos y gastos de campaña correspondientes al proceso electoral 2023-2024, con la finalidad de dejar sin efectos las multas que aprobó el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).
El secretario general del partido, Marcos Castro Martínez, aseguró que las sanciones son excesivas y tendrían un trasfondo político en contra de la oposición, ya que se trata de multas desproporcionadas por anomalías no graves que se pueden subsanar.
Ejemplificó que, en uno de los casos, el INE impuso una multa por 1 millón 800 mil pesos debido a que se omitió comprobar gastos de 2 mil 500 pesos en una campaña a presidencia municipal, lo cual –dijo– las autoridades electorales están actuando de forma parcial.
Castro Martínez admitió que existen omisiones e irregularidades en los informes de campaña en el estado, no obstante, afirmó que no es únicamente responsabilidad de la dirigencia estatal del PAN, sino también de excandidatos y sus respectivos equipos.
“Así tenemos varios casos en los que pareciera que el INE está actuando de una manera parcializada y pareciera que es contra la oposición (…) lo que hace la dirigencia es articular y coordinar con todas las campañas de todo el estado”, expresó en entrevista.
En caso de que la Sala Superior del TEPJF deje en firme las sanciones, el Partido Acción Nacional (PAN) en Puebla tendrá que pagar más de 7.4 millones de pesos, deuda que será heredada a la próxima dirigencia estatal.
La impugnación quedó asentada en el expediente SUP-REC-22505/2024 y fue turnada a la ponencia de la magistrada Janine M. Otálora Malasis para su análisis y resolución.
Editor: Renato León Aranda
