La dirigencia nacional del PAN interpuso una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para echar abajo la Ley de Ciberasedio en Puebla.
La tarde de este martes, el presidente nacional Jorge Romero Herrera, acompañado por la dirigencia estatal y diputados locales, promovió el recurso para derogar el artículo 480 del Código Penal del Estado.
A las puertas del Poder Judicial de la Federación, el líder panista sentenció que se trata de una “Ley Censura” que se utilizará para coartar la libertad de expresión y evitar las críticas contra servidores públicos en redes sociales.
Acusó que la legislación, aprobada por el Congreso de Puebla el pasado 12 de junio, fue impulsada por el gobierno estatal de Morena para encarcelar a quienes piensan distinto y señalan sus errores.
Precisó que el ciberasedio, vigente desde el 13 de junio, contempla sanciones que van de 11 meses a 3 años de prisión por insultos u ofensas reiteradas a través de plataformas digitales y redes sociales.
“En Puebla acaban de hacer ley que si alguien se siente ofendido por un comentario tuyo, te vas a la cárcel, por tu opinión te pueden meter a la cárcel, si alguien considera que tu opinión ofende a una autoridad”, expresó.
El presidente del PAN en Puebla, Mario Riestra Piña, también calificó la tipificación del ciberasedio como un intento de censura, a pesar de que al inicio tomó una postura tibia en torno al tema.
La acción de inconstitucionalidad fue promovida por iniciativa de Luis Enrique Sánchez, académico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).
El catedrático solicitó el apoyo de algún partido político para formalizar el recurso jurídico ante la Corte, ya que cuentan con facultades para ello.
Congreso prepara modificaciones
En días pasados la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local, Laura Artemisa García Chávez, anunció modificaciones al artículo 480 del Código Penal.
La diputada de Morena adelantó que buscan clarificar la redacción del delito de ciberasedio, para descartar ambigüedades y evitar que se proteja a servidores públicos del escrutinio.
