Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), mencionó que la extradición de 29 narcotraficantes a Estados Unidos se realizó, entre otras razones, para evitar que los jueces mexicanos los liberaran o fueran beneficiados para atrasar sus procesos de extradición.
García Harfuch aseguró que fue una decisión del gabinete de seguridad en la que no estaba involucrada la presidenta, Claudia Sheinbaum.
“El gabinete de seguridad cuenta con información que existía un riesgo de que algunos de estos objetivos solicitados por el gobierno de Estados Unidos fueran liberados o siguieran atrasándose sus procesos de extradición, derivado de un acuerdo con algunos jueces que buscaban favorecerlos, como ya se había hecho en otras ocasiones y durante muchos años”, expresó.
Tras la declaración, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) le respondió al secretario, pidiendo que presente pruebas sobre las acusaciones y proceda conforme a derecho.
La extradición, que incluyó a figuras prominentes como Rafael Caro Quintero y los hermanos Treviño Morales (Z-40 y Z-42), fue descrita como un acto sin precedentes que busca fortalecer la cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad. En la operación participaron 3 mil 512 elementos, 342 vehículos y 20 aeronaves.
Se ha cuestionado la legalidad del proceso, pues se habría eludido el procedimiento formal de extradición y se utilizó una vía rápida para enviar a los detenidos a Estados Unidos.
“Las 29 personas, que se encontraban recluidas en nueve centros penitenciarios federales y dos centros penitenciarios locales, contaban con diversas investigaciones en su contra por delitos de alto impacto en Estados Unidos, como delincuencia organizada, trasiego de fentanilo, trasiego de otras drogas, lavado de dinero, homicidio, tráfico de armas hacia nuestro país, secuestro, entre otros delitos”, dijo refiriéndose a los miembros de los cárteles De Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Del Golfo, Beltrán Leyva, Los Zetas, Juárez y de La Familia Michoacana.
La decisión ocurrió en el contexto de las tensiones comerciales entre México y Estados Unidos, con la amenaza de aranceles del 25% a las exportaciones mexicanas por parte del presidente Donald Trump. Expertos han visto la extradición masiva como una estrategia para mitigar estas presiones económicas.
