Frente al contexto de grave crisis en la garantía del derecho a la salud que persiste en México, donde más de 7.5 millones de recetas médicas no fueron surtidas en instituciones públicas entre 2019 y 2024, y donde los medicamentos clave contra el cáncer han presentado escasez recurrente, la Clínica Jurídica Minerva Calderón, la Clínica de Nutrición María Eugenia Mena Sánchez (ambas de la IBERO Puebla), y la organización Justicia vs. Cáncer impulsaron el programa Manos Unidas contra el Cáncer.
El objetivo del programa es brindar acompañamiento gratuito e integral (jurídico, nutricional, psicológico y espiritual) a personas diagnosticadas con cáncer que se han visto directamente afectadas por el desabasto. Asimismo, a través del programa se busca garantizar el derecho a la salud, mejorar la calidad de vida de los y las pacientes, así como exigir al Estado el cumplimiento de sus obligaciones.
Hasta el momento, la Clínica Jurídica Minerva Calderón ha acompañado cuatro casos, promoviendo juicios de amparo para exigir a las autoridades el suministro inmediato de medicamentos oncológicos. Uno de ellos es el de Juana, una mujer adulta mayor de 65 años que habita en Morelos, estado donde uno de cada cinco medicamentos falta en hospitales estatales, y la transición al modelo IMSS-Bienestar ha traído consigo recortes presupuestales que agravan aún más la crisis.
El pasado 20 de junio de 2025, el Juzgado Séptimo de Distrito con sede en Cuernavaca concedió una suspensión de plano en el juicio de amparo 878/2025, ordenando al Instituto Mexicano del Seguro Social cesar de inmediato la omisión en la entrega del tratamiento de Juana, quien padece carcinoma papilar de células renales con metástasis ósea. Gracias a esta resolución, Juana ya ha recibido el medicamento necesario, marcando un paso importante en la protección de su salud y su dignidad.
Desde este espacio, reconocemos y celebramos la actuación del Poder Judicial de la Federación, que ha respondido con sensibilidad y responsabilidad. Asimismo, exhortamos a otros juzgadores y juzgadoras del país a dictar resoluciones prontas en este mismo sentido, poniendo al centro de sus decisiones a los y las pacientes, quienes enfrentan no solo una enfermedad devastadora, sino la negación de su derecho a la salud.
