Las campañas electorales anticipadas se han convertido en una práctica cada vez más frecuente entre partidos políticos de distintos colores y entidades federativas. Desde espectaculares, revistas y hasta volanteo, los perfiles contendientes empiezan sus actos de proselitismo incluso un año antes del periodo oficial de campañas.
Sin embargo, su normalización no debe llevar a la ciudadanía a considerar estas acciones como legítimas. Todo lo contrario: se debe señalar e incluso cuestionar su legitimidad, sobre todo en tiempos de profunda polarización política y social. Así lo indicó el Lic. Rogelio Mascorro Menéndez, coordinador de asistencia a la Rectoría de la IBERO Puebla.
El académico explicó que los actos anticipados de campaña están prohibidos por la legislación electoral y que, frente a su creciente presencia, corresponde también a la ciudadanía exigir que los partidos políticos y las autoridades respeten los tiempos establecidos para los procesos electorales.
Uno de los principales desafíos se encuentra en la fiscalización y vigilancia de estas prácticas. De acuerdo con el especialista, los partidos pueden recurrir a distintos argumentos para deslindarse de la difusión de determinados contenidos, como señalar que la información fue replicada por medios de comunicación o difundida por ciudadanos independientes.
No obstante, señaló que los partidos políticos mantienen responsabilidad sobre la información que se difunde en su beneficio y tienen la posibilidad de promover entre sus militantes y simpatizantes el respeto a los tiempos electorales establecidos por la ley.
En este sentido, el Instituto Nacional Electoral (INE) y los organismos electorales locales cuentan también con facultades para emitir recomendaciones a los partidos y contribuir a prevenir este tipo de prácticas. Para el académico, las propias organizaciones políticas deben asumir un papel activo para evitar que sus seguidores incurran en actos anticipados.
El respeto a los tiempos electorales resulta fundamental para garantizar un piso parejo en la competencia. Mascorro Menéndez destacó que esta condición es necesaria para que una elección pueda considerarse justa, equitativa, abierta e incluyente y, por tanto, democrática.
La responsabilidad, agregó, no corresponde únicamente a los partidos políticos y las autoridades electorales. Las ciudadanas y los ciudadanos también pueden contribuir evitando replicar información relacionada con actos anticipados y denunciando aquellas acciones que consideren que podrían constituir una infracción electoral.
De esta manera, el cumplimiento de los tiempos electorales representa una responsabilidad compartida entre instituciones, partidos políticos y ciudadanía, cuyo objetivo debe ser preservar condiciones de competencia equitativas y fortalecer la legitimidad de los procesos democráticos.
