Por Vera Fernández
“Para el hígado, para los riñones, para la espalda, para los callos, para los reumas, para el mal de amores” así venden los merolicos la supuesta eficacia de los “productos milagro”.
Aunque estos suplementos alimenticios o tratamientos herbolarios carecen de permisos sanitarios y fiscales, son de fácil comercialización y acceso para cualquier persona.
En las calles de Puebla es común ver a los supuestos curanderos promocionando sus productos en los mercados y en la Central de Abasto.
Sin embargo, estos artículos no son reconocidos por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) al incumplir controles de calidad sobre sus componentes.
A pesar de que los “productos milagro” resultan atractivos por sus aparentes beneficios inmediatos y bajos costos, también podrían causar efectos secundarios o daños a la salud de los consumidores.
De acuerdo con el médico Luis Alberto Cuevas Barrera, los reductores de peso y suplementos alimenticios se venden con mucho éxito, pero los compradores desestiman las consecuencias en el sistema digestivo y gastrointestinal.
El especialista indicó que los principales daños se reflejan en el hígado y riñones por la dificultad para procesar y desechar determinadas sustancias.
A lo anterior se suma el dióxido de cloro, un “producto milagro” que tomó popularidad durante la pandemia con la errónea creencia de que ayuda a combatir contagios de Covid-19, aunque la comunidad científica rechaza su consumo.
Sin tomar en cuenta los posibles riesgos a la población, autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del gobierno municipal permiten su comercialización irregular en mercados, tianguis y vía pública.
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Y como la creencia popular es más fuerte que la conciencia, el Congreso del Estado busca tipificar como fraude la venta y promoción de los “productos milagro”.
El diputado local de Morena, José Miguel Trujillo de Ita, plantea incluir la venta de “productos milagro” en el delito de fraude, al argumentar que sus comercializadores están conscientes de su ineficacia y se aprovechan del desconocimiento o la ignorancia de la gente.
Las sanciones podrían variar de acuerdo con monto que se haya adquirido, por lo que pueden ser desde multas hasta 10 años de prisión.
La propuesta fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su análisis, aunque la aprobación quedará en manos de la próxima Legislatura.
