Por incumplir con el protocolo para casos de intentos de linchamiento, omitir brindar protección, auxilio y seguridad pública de manera oportuna, la Comisión de Derechos Humanos Puebla emitió la recomendación general 1/2024 hacia la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía General del Estado, Congreso del Estado y 29 municipios.
En conferencia de prensa, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos Puebla, Félix Cerezo Vélez, dijo que la recomendación es “como un diagnóstico” y no una imputación ni acusación a las autoridades, pues son sugerencias de cómo mitigar y eliminar los linchamientos.
Los municipios a los que va dirigida la recomendación son los que tuvieron mayor incidencia, los cuales son Acajete, Ajalpan, Amozoc, Atlixco, Cañada Morelos, Chiautzingo, Chignautla, Cuautlancingo, Guadalupe Victoria, Huejotzingo, Huaquechula, Huauchinango, Izúcar de Matamoros, Los Reyes de Juárez, Palmar de Bravo, Puebla, San Andrés Cholula, San Martín Texmelucan.
Además de San Pedro Cholula, San Salvador El Verde, San Salvador Huixcolotla, Santa Isabel Cholula, Tecamachalco, Tehuacán, Tepanco de López, Tepexco, Tepeyahualco, Tlacotepec de Benito Juárez y Tlahuapan.
“Aunque no requiere la aceptación de las instancias destinatarias, si es necesario presentar pruebas de su cumplimiento”, dijo.
¿Por qué se emitió?
Jessica Calderón García, Tercera visitadora general y Mariana Durán Márquez, secretaria ejecutiva del Instituto de Investigaciones y Estudios de Derechos Humanos explicaron que el origen de la recomendación se debió a la serie de reportes en la prensa sobre linchamientos e intento de linchamientos.
De acuerdo con la Tercera visitadora general, de 2019 a junio de 2023 se consideraron 73 expedientes para la recomendación; de ellos 19 expedientes fueron de linchamientos consumados, de los cuales 12 se presentaron en juntas auxiliares o localidades y sólo en 13 se actuó conforme al protocolo de linchamiento.
En este periodo 120 personas fueron sujetas a un linchamiento, 115 hombres y cinco mujeres. En tentativa de linchamiento fueron 53 expedientes.
¿Qué encontraron?
Conductas delictivas desencadenaron el enojo de la población como robo, tentativas de homicidio, daño en propiedad ajena, secuestro, abuso sexual y homicidio, coincidentes con la incidencia delictiva en la entidad.
Las personas sujetas de intento de linchamiento liberadas por el diálogo con las autoridades son puestas a disposición de un juez calificador, pero la infracción más común es por alteración del orden público y no por los delitos de los que fueron acusados por las turbas.
En el 33.3 por ciento de los casos, la Segob tuvo conocimiento de los linchamientos; sólo en 35 casos de los 73 expedientes se activó el protocolo.
Hay una falta de tipificación de linchamientos, pues se castiga como lesiones, tentativa de homicidio, homicidio calificado o tumultuario, lo cual a su vez provoca que no haya una base de datos pública y sistematizada de la problemática.
En este sentido, criticó que la sección tercera del Código penal sobre lesiones y homicidios tumultuarios no se ha modificado ni en su descripción ni en penalidades desde diciembre de 1986.
Las recomendaciones
Entre las recomendaciones se encuentra la actualización del protocolo de linchamientos, la implementación de campañas continuas en los 29 municipios mencionados sobre el protocolo de linchamientos y la Ley General del Uso de la Fuerza, dirigidos a Segob, SSP y los 29 municipios.
Así como un programa en materia de gestión de conflictos y comunicación asertiva, con el objetivo de contar con herramientas para efectuar el diálogo efectivo con la población ante un intento de linchamiento.
También piden la creación de un registro de linchamientos que abarquen la tentativa y los casos consumados.
Además de diseñar una estrategia permanente de prevención para concientizar a la población en general sobre el rechazo público y social de las practicas de llevar a cabo estas prácticas.
A la SSP le piden diseñar un manual de procedimientos que contemple la conformación de un grupo de reacción inmediata en los centros de coordinación regionales.
Al Congreso de Puebla legislar sobre los linchamientos, a nivel municipal incrementar el estado de fuerza, capacitados y equipados en las juntas auxiliares.
Asimismo, piden que se incluyan en el Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027 metas y líneas de acción para prevenir los linchamientos de manera permanente y establecer Comités de Paz y Seguridad Municipal en cada municipio.
Los Comités de Paz y Seguridad Municipal están inspirados en una figura similar a la implementada en Colombia, en la que buscan que los 29 municipios tendrán un espacio de escucha activa, analizarán la situación y riesgo de linchamientos y darán respuesta a amenazas latentes.
Serán integrados por el presidente municipal, presidentes de juntas auxiliares, la persona titular de Gobernación de cada ayuntamiento, el secretario de seguridad pública municipal y ciudadanos de la localidad para adquirir el papel de embajadores o mensajeros de paz, un cargo honorífico.
Los embajadores serían líderes comunitarios para asegurar la representación amplia y diversa de la comunidad, elegidos por convocatoria previa.
En la capital poblana se tendría que instalar un Comité de Paz y Seguridad en cada una de las 17 juntas auxiliares.
Editor: Renato León Aranda
