Por Vera Fernández
Es oficial: las personas que vendan, ofrezcan, comercialicen, entreguen, distribuyan o transporten vacunas contra el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) falsificadas, alteradas, contaminadas o adulteradas, serán castigadas con cinco a siete años de prisión en Puebla.
Así lo establecen las reformas aprobadas por el Pleno del Congreso del Estado este jueves, a partir de la iniciativa que fue enviada por el gobernador Miguel Barbosa Huerta la semana pasada con el fin de tipificar la venta de vacunas piratas como un delito de fraude.
La propuesta del mandatario fue avalada con 29 votos a favor, cero en contra y nueve abstenciones durante sesión ordinaria virtual, donde se modificaron diversas fracciones de los artículos 403 y 404 del Código Penal del Estado.
Además de las penas por comercializar dosis falsas, se impondrán de cinco a siete años de cárcel a quienes comercialicen vacunas originales, pero que no estén autorizadas por la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), o bien, que siendo verdaderas y autorizadas, no sean entregadas entregadas a las personas que las compraron.
También se establece que, cuando el delito sea cometido por un profesional de la salud, las sanciones incrementarán hasta en una mitad, es decir, de tres a 10 años y medio de cárcel, además de que se suspenderá su cédula profesional y licencia comercial por diez años.
Durante la discusión del tema, los diputados coincidieron en que el espíritu de la iniciativa impulsada por el gobernador Barbosa Huerta es noble y obedece a los escenarios actuales, pues señalaron que personas malintencionadas pretenden lucrar con la pandemia y con la necesidad de los pacientes enfermos de coronavirus.
A su vez, la legisladora por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rocío García Olmedo, evidenció que las reformas podrían caer en irregularidades jurídicas, ya que la legislación en la materia está fuera de las facultades de los Congresos locales.
