El Congreso de Puebla concretó la creación de la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación, la cual tendrá atribuciones para determinar la remoción del titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Francisco Romero Serrano, en caso de que incurra en “faltas graves”.
Este viernes en sesión pública, el Pleno del Poder Legislativo aprobó diversas reformas a ocho leyes estatales, con el objetivo de facilitar la posible salida del auditor superior y fortalecer los mecanismos de vigilancia y combate a la corrupción en el organismo fiscalizador.
Los dictámenes, presentados por las comisiones unidas de Gobernación y la Inspectora, incluyen modificaciones complementarias al paquete de iniciativas que fue impulsado por el gobernador Miguel Barbosa Huerta y avalado en diciembre del año pasado.
Durante la discusión del tema, el diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), Oswaldo Jiménez López, evidenció que los tiempos y circunstancias en los que se aprueban las reformas dejan entrever que llevan dedicatoria para el actual titular de la ASE, Francisco Romero.
Aunque señaló que el proceso legislativo y técnico de armonización con leyes generales fue correcto, refirió que el “elefante blanco” que existe al interior del organismo en materia de fiscalización, podría ser un motivo para agilizar la salida del auditor.
En respuesta el coordinador de la bancada de Morena, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, aseguró que en el Congreso “no se tienden camas ni se hacen trajes a la medida”, ya que se tratan de modificaciones para homologar lo establecido a nivel federal.
¿En qué consisten las reformas?
Las reformas recién aprobadas contemplan la creación de la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la ASE, la cual reemplazará a la actual Comisión Inspectora y estará conformada por sus mismos integrantes.
Dicha comisión contará con una Unidad Técnica que tendrá facultades para vigilar que todos los servidores públicos de la Auditoría –incluido su presidente– se conduzcan bajo los términos de ley y no ejerzan posibles actos de corrupción.
En caso de detectar faltas graves en el desempeño del auditor superior, como peculado, desvío de recursos públicos o retrasos en los informes de fiscalización, la Comisión de Control podrá proponer su destitución.
El auditor tendría derecho a una audiencia previamente y su remoción deberá ser avalada por Mayoría Calificada, es decir, las dos terceras partes de los 41 legisladores que conforman el Pleno del Congreso local.
Además, se concretó la creación de la Sala Especializada del Tribunal de Justicia Administrativa, misma que tendrá atribuciones para investigar y sancionar a servidores públicos que incurran en faltas graves.
Por: Vera Fernández
Editor: Guillermo Pérez Leal
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