El Congreso de Puebla aprobó que las autoridades jurisdiccionales en la entidad generen y envíen información para el Registro Nacional de Deudores Alimentarios, lo cual activistas consideraron un primer paso para terminar con la impunidad de quienes dejan de cumplir con las pensiones estipuladas.
Por unanimidad, los legisladores reformaron el Código Civil, la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla y la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla.
De esta forma, la presidenta de la Comisión de la Familia del Congreso local, Mónica Rodríguez Della Vecchia, detalló que las reformas establecen la obligación del deudor alimentario de informar al juez si cambió de empleo, la ubicación y su puesto.
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La diputada Nora Merino Escamilla destacó la exclusión de adoptantes que se encuentren en el Registro Nacional, así como en las solicitudes de matrimonio, que el Registro Civil notifique a la persona que lo solicite si su pareja tiene obligaciones alimentarias.
La legisladora recordó que la pensión alimentaria se ha utilizado como mecanismo de control por parte de ex parejas, en su mayoría hombres, quienes condicionan el pago si las mujeres trabajan o salen de noche.
Merino Escamilla dijo que es necesario un padrón local, por ello han pedido que se busquen recursos dentro del presupuesto público para que funcione, ya que el nacional es insuficiente.
“Es sólo un paso, porque falta mucho, vamos a seguir insistiendo con el registro de un padrón de deudores alimentarios local, porque las colectivas saben que lo necesitamos, no es suficiente el padrón nacional, es un paso para asegurar que podamos acceder a un derecho que es para nuestros hijos”, comentó.
¿Qué cambia?
En el dictamen aprobado se indica que los patrones, administradores o gerentes ya sea de cargos públicos y privados están obligados a otorgar información de los deudores alimentarios cuando lo solicite un juez, pues de lo contrario podrán ser acreedores a una multa de los 20 a 100 el valor diario de las Unidad de Medida y Actualización (UMA), un estimado de 2 mil a los 10 mil 374 pesos.
Un deudor alimentario tendrá 15 días hábiles para informar al juez cualquier cambio a su empleo, la ubicación de este y el cargo que ocupará.
Los derechos alimentarios comprenden desde la alimentación, nutrición, vestido, habitación, recreación, atención médica y psicológica preventiva a la salud, asistencia médico-hospitalaria, y gastos de embarazo y parto.
También comprenden los gastos de educación y formación para proporcionar a las infancias y adolescencias, ya sea un oficio, arte o profesión.
Celebran activistas
Integrantes del Frente Poblano contra Deudores Alimentarios celebraron este paso, aunque también se pronunciaron por la creación de un registro estatal, lo cual les ayudaría a tener más control.
Sheridan Mata, vocera del Frente, explicó que esperarán los lineamientos del Congreso de Puebla para conocer los requisitos para incluir a una persona al registro nacional, aunque dijo que por el momento son quienes ya tienen una sentencia de un juez.
En el Frente respaldan 50 casos que cuentan con una sentencia para pensión alimenticia, los cuales los progenitores han incumplido con sus obligaciones, por lo que serían los primeros poblanos en entrar al Registro Nacional de Deudores Alimentarios.
Por Guadalupe Juárez
Editora: Brenda Balderas
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