El gobierno de Puebla analiza la recomendación de la CNDH, sobre la protesta del 1 de junio de 2021 de normalistas de Teteles frente a Casa Aguayo, para emitir una postura jurídica, pues no se violó ningún derecho humano y la Policía Estatal intervino porque las estudiantes iban a incendiar la sede del Ejecutivo estatal.
Al respecto, el gobernador Miguel Barbosa Huerta, puso en duda el papel del organismo, ya que a pesar de las pruebas que se presentaron sobre los hechos, creyeron las “mentiras” de las alumnas de la Escuela Normal Rural Carmen Serdán de Teteles de Ávila Castillo.
Refirió que aquel 1 de junio, las estudiantes de Teteles y normalistas de otras escuelas -como de Ayotzinapa– usaron sus autobuses para romper las rejas que se habían colocado alrededor de Casa Aguayo, desatando una crisis que duró varios horas.
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Indicó que durante ese lapso, la fabricación de bombas molotov por parte de los estudiantes estuvo a la vista de todos, por lo que se tuvo que controlar el asunto antes de que quemaran el inmueble.
Incluso mencionó que hubo varios policías lesionados en costillas y cabeza, uno de ellos muy grave debido a que los golpes que recibió le provocaron lesiones en el hígado, por lo que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.
Aseguró que el gobierno de Puebla presentó todas las pruebas de lo ocurrido a la CNDH, pero a pesar de ello se emitió una recomendación en su contra, lo cual pone en duda el papel del organismo.
Gobierno no violó ningún derecho: Barbosa
Barbosa Huerta sostuvo que lo asentado en la recomendación es falso, ya que no se violó ningún derecho humano durante la protesta ocurrida hace más de 15 meses, además que todos los jóvenes que llegaron armados a irrumpir a Casa Aguayo, fueron puestos en libertad.
“No es verdad lo que está ahí asentado, no se violó ningún derecho humano, cuando se intervino es porque ya iban a incendiar Casa Aguayo, se controló el asunto, se presentaron ante el Ministerio Público y se pusieron en libertad a los muchachos que llegaron armados”, asentó.
En la recomendación 161/2022 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se señala que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla incurrieron en “uso excesivo de la fuerza orientada a disolver la protesta social”, por el desalojo de estudiantes que protestaban afuera de Casa Aguayo.
Según sus evidencias, se acreditaron violaciones a la integridad de 43 víctimas que recibieron tratos crueles e inhumanos durante su detención y hasta su puesta a disposición del Ministerio Público.
Por Alejandra Olivera
Editor: Iván Betancourt
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